57 | II Série A - Número: 027 | 10 de Setembro de 2011

La corrupción política es la más grave, pues compromete afectaciones de todos los miembros de la comunidad, a veces incluso en las grandes decisiones. La corrupción administrativa no debe verse como poca cosa: daña también pilares sobre los que está construido el tramado jurídico–
administrativo. Queda entonces claro que este complejo problema de la corrupción hiere a la sociedad y al Estado de Derecho. Por ello el Derecho Penal tutela estos bienes jurídicos como son la honestidad en el desempeño de la función pública, el propio patrimonio del Estado, el cumplimiento de las disposiciones legales, entre otros. Esta protección se concreta en la tipificación que de estas conductas antisociales hacen los diversos Códigos Penales de las entidades federativas, como lo hace también el propio Código Penal Federal. Para efecto de dar una visión de referencia válida para todo el país analizaremos en este trabajo la regulación del delito de enriquecimiento ilícito en este último ordenamiento.

El hecho de que una conducta antisocial se contenga en un código penal revela la intención definitiva del legislador por proteger los valores de la sociedad