62 | II Série A - Número: 027 | 10 de Setembro de 2011

presupuestaria de las distintas entidades gubernamentales, éstas vean mermada su capacidad económica por los infieles funcionarios y empleados.

El enriquecimiento ilícito es un fenómeno que incumbe a todos: gobierno y sociedad son afectados, y a ambos interesa darle fin. Es común oír que tal o cual funcionario o exfuncionario público formó inexplicablemente una fortuna a partir del desempeño de un cargo público. Esto, reiteramos, lastima a la sociedad.

Pero esta indignación generalizada por el fenómeno como conjunto, que está bien definida y consensada, no encuentra eco en lo particular. Así, si bien a todos nos molesta y hiere que los funcionarios públicos a través de conductas deshonestas se enriquezcan ilícitamente, no censuramos en la escala individual estas muestras de irregularidad: es socialmente aceptado el mal servidor público que ha obtenido provechos ilegítimos por conductas corruptas, sin que el malestar general se patentice en el caso concreto.

Esta situación es similar a la vivida en años pasados con otro flagelo de la vida nacional: el narcotráfico. A mediados de la década de los ochentas se tomaba como ejemplo de prosperidad a los narcotraficantes y se convirtieron en